APADIS se suma a la petición del CERMI Estatal que pide a la administración que asuma el coste de las pruebas COVID19 de las personas con discapacidad atendidas en recursos sociales y su personal de apoyo, como cuestión de salud pública.
San Sebastián de los Reyes, 27 de agosto 2020
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama que el coste de todas las pruebas diagnósticas para detectar contagio por coronavirus de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales, así como del personal que les presta apoyo, sea asumido por las respectivas Administraciones, como cuestión de salud pública.
Las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal, por citar solo algunos, y los profesionales que prestan sus servicios en los mismos, son un grupo especialmente expuesto a la enfermedad, por lo que es de interés público sanitario el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del COVID-19.
En la Comunidad de Madrid en la ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020 y en las últimas instrucciones de fecha 20 de agosto 2020, “Adaptación a las medidas propuestas en el consejo interterritorial”, se plantea la obligatoriedad de realización de pruebas PCR a las personas con discapacidad y sus personas de apoyo, previo al reinicio de actividades, tras periodos vacacionales y también de forma periódica. El coste de hacer las serologías recae en las personas con discapacidad por un lado y por otro en las empresas.
En una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad. Proyectar el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales, es además de profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno.
Desde APADIS nos sumamos a la exigencia del CERMI Estatal y Solicitamos a la Comunidad de Madrid, que en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten con urgencia sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas del COVID-19 en el ámbito de la discapacidad.
